Campesinos bolivianos exigieron este miércoles derogar la Ley 1720, la cual favorece a grandes sectores agropecuarios en detrimento de las comunidades y de los campesinos.

El exdirigente campesino Luis Alfaro cuestionó la Ley 1720 y pidió su abrogación. Los líderes campesinos argumentan que la normativa beneficia solo a la oligarquía del negocio agroindustrial y es una puerta abierta a la expansión del latifundio, lo que responde a intereses económicos vinculados a alianzas productivas, incluso con regiones de Brasil.

Alfaro argumentó que este escenario podría derivar en un “negocio del siglo”, donde tierras serían adquiridas a bajo costo y luego revendidas a precios mucho más altos. “El patrimonio de las comunidades no tiene precio. Nosotros protegemos pequeñas parcelas de una o dos hectáreas porque garantizan la alimentación, mientras que a otros sectores no les importa qué está comiendo Bolivia”, dijo.

Informó que sectores campesinos se reunirán a nivel nacional para asumir una posición conjunta frente a la norma. En ese marco, rechazó el pronunciamiento de la Cámara Agropecuaria del Oriente y reiteró que la Ley 1720, pone en riesgo la vida comunitaria y la propiedad de la tierra heredada.

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La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) anunció este miércoles el inicio de bloqueos de carreteras a escala nacional en rechazo a la ley.

La mayor organización social rural del país andino amazónico ratifica su respaldo a cientos de marchistas de Pando y Beni, quienes tras 28 días de recorrido desde esos departamentos entregaron el lunes último en la Casa Grande del Pueblo (sede del Ejecutivo) una demanda para la abrogación de la 1720.

El dirigente de los marchistas, Faifer Cuajera, tras dejar el pliego de demandas en la sede gubernamental subrayó, que “nosotros no necesitamos reunirnos con los ministros; necesitamos reunirnos con el presidente boliviano, Rodrigo Paz. Le damos un plazo de 24 horas”.

De igual manera, el senador del Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Bolivia, Humberto Suárez, ratificó hoy la exigencia de que la Ley 1720, de reconversión e hipoteca de tierras, sea derogada porque vulnera principios constitucionales.

“Presidente, usted lo que tiene que hacer es escuchar al pueblo. Usted cuando hizo campaña dijo que iba a gobernar para la gente y esta es la gente. ¿Para quién está gobernando, para un grupo de empresarios?”, criticó el senador.

Impactos ambientales

El director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), Miguel Vargas, afirmó que esta ley favorece principalmente a propietarios ganaderos y agroindustriales, especialmente a los que están asentados en los departamentos de Santa Cruz y Beni.

Agregó que en Santa Cruz, aproximadamente el 75% de la superficie reconocida como pequeña propiedad está bajo control del sector ganadero.

Foto: Mogabay

Esto implica que una porción significativa de tierras que hoy tienen carácter de patrimonio familiar podría transformarse en mediana propiedad, promoviendo procesos de especulación, mercantilización y concentración de tierras, remarcó.

Vargas dijo que “la norma facilita la conversión de categorías de propiedad sin mayores controles sustantivos, quedando el proceso principalmente en manos del INRA. Esto puede habilitar, de facto, cambios en el uso del suelo sin una fiscalización ambiental rigurosa. Como resultado, se incrementa el riesgo de intervención en ecosistemas de alto valor ambiental, como el Bosque Seco Chiquitano y los bosques amazónicos, que podrían ser afectados por la expansión de la frontera agropecuaria”.

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